Como no hay un test estandar, los jueces se ingenian preguntas que a veces le llevan a negar injustamente la ciudadanía a residentes que cumplen todos los requisitos legales.
Llevaba 11 años, 6 meses y 13 días trabajando en España cuando Mohamed (nombre falso) se presentó en el Registro Civil para someterse a una prueba de integración para obtener la nacionalidad española. Este marroquí supo responder a preguntas que muchos españoles no sabrían, como el nombre del entonces presidente navarro, Miguel Sanz, pero falló otras como ‘qué personaje televisivo mantuvo una relación con un conocido torero’ o ‘qué torero es conocido por su muerte trágica’, lo que, según el juez que preguntaba, demostraba poca integración en la sociedad española. Le suspendió. Casi cuatro años después, la Audiencia Nacional acaba de darle la razón y la nacionalidad. El tribunal considera que ‘difícilmente se podría justificar’ por esos ‘anecdóticos fallos’ su falta de integración.
El Gobierno tramita miles de expedientes al año, pero, al contrario que en otros países, como EE UU, en España no existe un examen estándar o un manual de preguntas para evaluar el grado de integración de los inmigrantes que aspiran a la nacionalidad, lo que ha provocado, según reconocen el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, un ‘elevado grado de conflictividad’ y ‘discrecionalidad administrativa’. Es decir, que unos jueces pregunten por el número de comunidades autónomas y, otros, por personajes del corazón.
Antonio Mbengani, nacido en Congo, también suspendió la prueba. Cuando solicitó la nacionalidad, en 2010, llevaba 20 años residiendo y trabajando en Madrid -el Código Civil exige 10 para pedirla, salvo para los refugiados (cinco) y los latinoamericanos, andorranos, filipinos, portugueses, sefardíes o naturales de Guinea Ecuatorial (dos)-. Su mujer es española y sus cuatro hijos también. ‘El juez me preguntó qué había ocurrido en España en 1934 y nombres de escritores españoles del siglo XVI’, recuerda. Además del extracto de su vida laboral en España, Mbengani había aportado a su expediente una llamativa prueba de integración: una fotografía con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ‘Nos la hicimos en 2007 cuando fui uno de los seleccionados para el programa Tengo una pregunta para usted. Pero como no sabía qué pasó en España hace 80 años el juez consideró que no estaba integrado y me suspendió’.
Mbengani recurrió y también a él le han dado la razón. El juez que le examinó es el encargado del registro en Getafe, José María Celemín, una leyenda entre los inmigrantes. ‘A mí también me preguntó por escritores del XVI y solo se me ocurrió uno, Lope de Vega’, recuerda Carlos Elías, peruano. ‘No me miraba a la cara. Fue muy desagradable, parecía que le molestara que estuviera allí. La entrevista duró dos minutos. Al salir le dije a una empleada del registro lo que me había pasado y me dijo que no me preocupara, que esas preguntas no las sabían ni ellas, que recurriera y que me darían la razón’. Y así fue.
Piedad, de Guinea Ecuatorial, tuvo más suerte. ‘A mí no me hicieron examen, me hicieron una entrevista normal para preguntarme por qué quería ser española. Pero a mi madre y a mi hermana sí les tocó el juez Celemín ¡y les preguntó por la Constitución de 1812!’. El juez rechazó hablar con este periódico.
El director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo, admite que ‘es probable que un español no sepa responder a muchas de las preguntas que se hacen’ a los inmigrantes que solicitan la nacionalidad, pero no le parece injusto: ‘El que quiere ser español debe mostrar conocer la historia del país’. Y considera que el mecanismo de recursos -primero ante su oficina y luego por la vía contencioso-administrativa- establece suficientes garantías para corregir cualquier discrecionalidad.
A Gómez Gálligo no le gusta la idea de un test estándar: ‘¡Todo el mundo se aprendería las respuestas!’. Insiste en que ‘España es un país acogedor’ y cree que lo prioritario es que el sistema ‘sea telemático, que los notarios se encarguen del trámite y los jueces solo de los recursos’, y que los inmigrantes paguen ‘una tasa de sostenimiento del servicio’, en torno a los 75 euros, como se ha fijado para los sefardíes. ‘En EE UU, el proceso les cuesta 8.000 dólares [6.700 euros]. En Europa ronda los 700 o 900 euros. Y aquí es gratis. Es un chiste’.
El Gobierno, que espera recibir 120.000 solicitudes de nacionalidad este año, ha anunciado un examen homogéneo. Tras analizar, a petición de Justicia, el texto del proyecto de real decreto sobre el reglamento para adquirirla, el Poder Judicial puso varias pegas. Celebra que el texto dé un año de plazo para resolver los expedientes -ahora son tres de media, según su informe-, pero lamenta que el ministerio no aclare, tampoco en este proyecto, ‘los conocimientos de idioma, instituciones, realidad política, social y hechos relevantes para la cultura española a que pueden referirse’.
El proyecto del real decreto se limita a decir que el ministro de Justicia queda facultado para regular esa prueba, ‘que diseñará y administrará el Instituto Cervantes’. Al CGPJ también le sorprende que sea ese organismo, ‘que tiene como fines la promoción del uso del español en el exterior’, el que asuma tales competencias y recomienda, en todo caso, ‘modificar su ley reguladora para incorporar’ esas nuevas funciones.
Fue precisamente preparándose para el test para obtener la nacionalidad canadiense como se le ocurrió hace 10 años a Dennis Kornev, de origen ruso, la idea de montar un negocio de cursos online para preparar las pruebas.’Estaba en una sala rodeado de chinos que no se enteraban de nada’, recuerda. Hoy, su empresa, net-factor.com, está presente en una docena de países. ‘Al año tenemos unos 30.000 usuarios. En España son muy pocos, unos 500, y en Quebec son cerca de 6.000. En España ingreso unos 15.000 euros por ejercicio, la mayoría por venta de libros que recopilan preguntas que han hecho los jueces, y, en Quebec, 107.000 euros’.
‘En EE UU hay un manual con 100 preguntas; en Alemania, uno de 300. En Dinamarca pueden preguntarte nombres de princesas y de qué han muerto. En Canadá solo puedes presentarte dos veces. Holanda pone vídeos y pregunta qué harías ante esa situación, por ejemplo, al ver a dos hombres besándose en la calle… Pero estos test cambian mucho’, enumera Kornev, licenciado en Políticas. ‘Son un arma populista. Cuando llega un gobierno de derechas los endurece y cuando llega uno de izquierdas, los facilita’.
Fuente: El País