Los helvéticos votarán este domingo en referéndum una iniciativa que pretender limitar el porcentaje de crecimiento de los inmigrantes que residen en Suiza y al mismo tiempo invertir 125 millones de euros en programas de control de natalidad en los países en desarrollo.
El objetivo de la iniciativa, presentada por un colectivo denominado Ecopop, es frenar el aumento de la inmigración en la Confederación Helvética para así, supuestamente, poder preservar el medio ambiente.
Tanto el Consejo Federal (gobierno) como las dos cámaras parlamentarias han rechazado claramente la iniciativa.
Concretamente, la iniciativa “Freno a la superpoblación-Sí a la preservación duradera de los recursos naturales” pide que se inscriba en la Constitución que el crecimiento anual de los inmigrantes permanentes en Suiza sea de un máximo de 0,2 %.
En números brutos, ese porcentaje corresponde actualmente a 17.000 personas.
Por otra parte, de aprobarse la iniciativa la Confederación deberá invertir al menos un 10 % del monto que consagra a cooperación internacional a programas de planificación familiar voluntarios.
Esa cifra se eleva actualmente a unos 150 millones de francos (unos 125 millones de euros).
Para rechazar la propuesta, el Gobierno argumenta que, aunque se limitara la inmigración, el medio ambiente no se preservaría automáticamente, dado que ello depende de otros aspectos como de una gestión rigurosa de los recursos naturales.
Asimismo, el Ejecutivo colegiado entiende que “sería pretencioso por parte de Suiza decidir lo que es bueno para los países en desarrollo”, y detalla que la alta natalidad es una consecuencia directa de la pobreza y que para atajarla se necesita cooperación, no solo medios de contracepción.
Otro argumento usado por el Consejo Federal es que la rigidez de los flujos migratorios sería contraria a las necesidades económicas del país, dado que los empresarios no podrían contar con el personal necesario cuando realmente lo requieren, y porque muchos sectores dependen de mano de obra extranjera.
Finalmente, el gran argumento usado por el Gobierno son los problemas que la entrada en vigor de una iniciativa similar acarrearía para las relaciones con la Unión Europea (UE), ya de por si, muy tensas.
“Aceptar la iniciativa perjudicaría los esfuerzos realizados por el Consejo Federal para mantener relaciones sólidas y estables con la Unión Europea. Nuestra prosperidad depende de esas relaciones, dado que la UE es nuestro principal socio comercial: más de la mitad de nuestra exportaciones se destinan a la UE”.
El Gobierno recuerda que aún está en proceso de elaborar un proyecto de ley para establecer contingentes a la entrada de extranjeros al país, tal y como lo pidió el pueblo en un referéndum el pasado 9 de febrero.
En esa ocasión, el 50,3 % de los suizos votaron a favor de limitar la entrada de todos los extranjeros -incluidos los ciudadanos europeos-, como herramienta para frenar una supuesta “inmigración masiva”, a través del establecimiento de cuotas anuales que se aplicarán en un plazo de tres años.
El texto dio tres años al Gobierno para adaptar las leyes, para lo cual no le queda otra alternativa que renegociar el acuerdo de libre circulación con la UE.
El pasado 8 de octubre el gobierno suizo decidió entablar dichas negociaciones con la Unión Europea para lograr un acuerdo que permita al mismo tiempo mantener el espíritu de la iniciativa aprobada, tener en cuenta los intereses de la economía nacional, e intentar preservar las relaciones con Bruselas.
La Comisión Europea respondió el mismo día que estudiaría el mandato aprobado por Suiza para entablar negociaciones con el bloque comunitario sobre la libre circulación de personas, pero dejó claro que excluye renegociar cuotas de entrada de ciudadanos de países de la UE.
Marta Hurtado/EFE